Libertarios vs federales, una puja por límites
Cuando la economía adquiere una categoría superior a la de la política se comienza a justificar que se corran los límites para alcanzar los resultados que exige la disciplina de los números. Si a ese enfoque anarcocapitalista se le suma la idea de que hay que enseñarle a la sociedad a no depender del Estado para que llegue el bienestar, el proceso de desmantelación del mismo puede presentarse como un acto necesario para alcanzar el equilibrio, aunque en el camino se desechen derechos, puestos de trabajo o se ahogue a quienes viven de una jubilación.
En esa batalla, el presidente intenta todo el tiempo correr los límites, desconoce la división de poderes y gobierna de espaldas al Congreso con un tono monárquico, creyendo que todos son sus súbditos. En su fantasmagórica ilusión de la libertad que propone no tienen espacio quienes trabajan en el Estado, tampoco el resto de la sociedad que sufre los tarifazos, la caída del poder adquisitivo y la caída de la actividad. En ese esquema, las provincias deben autoabastecerse, gritan viva el libre mercado y fin del federalismo.
A ese pálido panorama se suma el silencio y desconcierto de la oposición, que no encuentra un relato para ponerle freno a tanto desmadre institucional. Sólo los gobernadores han levantado la voz para intentar poner un límite tras la pérdida de recursos que debía girar Nación. El consultor y analista político Hugo Haime afirmaba hace pocos días que sólo los gobernadores están en condiciones de poner un límite. Haime sostenía que “no todos los gobernadores piensan igual ni tienen los mismos problemas. Pero son los únicos con capacidad para ponerle freno al Presidente. No habrá acuerdo nacional con todos, si no se escucha la demanda de las provincias”.(1)
Ante la urgencia del presidente por asegurase la firma del Pacto de Mayo, a los gobernadores se les presenta la oportunidad de hacer valer el poder que tienen las economías regionales. Es por ahí, hay que tensar la cuerda con más firmeza para lograr acuerdos saludables para las economías provinciales.
Unos días antes de la reunión de los gobernados de Juntos por el Cambio con el ministro del interior, Guillermo Francos, los gobernadores patagónicos hicieron una demostración de fuerza en el acto por las Malvinas el 2 de abril. Ese día, Gustavo Melella recibió a Claudio Vidal de Santa Cruz, Nacho Torres de Chubut y Rolando Figueroa de Neuquén. Si bien Weretilnek y Zilotto no pudieron viajar, sumaron sus voces a la distancia. La idea del encuentro giró en torno a la redacción de un documento que sea crítico de los diez puntos esgrimidos en el Pacto de Mayo. Vidal ya había salido con los tapones de punta cuando levantó la voz aduciendo que no habrá “ni pacto de mayo ni Bases”. El gobernador de Santa Cruz sostuvo que “la mayoría de los gobernadores no está de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno” y que si “no hay recursos para mi provincia, no habrá Ley Bases ni Pacto de Mayo”.
Los gobernadores de la Patagonia levantan la voz ante la falta de envío de recursos de Nación
En una entrevista radial Vidal también enfatizó que “hay una mirada egoísta, centralista. Y se están olvidando del interior del país, que es el que realmente produce”. El gobernador de Chubut comentó que “es muy probable que las provincias afectadas acudan a la justicia por la quita de fondos que realizó el gobierno nacional en Semana Santa.
A los funcionarios del sur se sumó Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quien manifestó que el brutal ajuste económico está siendo sostenido por las clases populares, en lugar de la casta política, según sostuvo en la campaña electoral. Los decretos firmados por Milei fueron limitando la capacidad de maniobra de los gobiernos provinciales al quitarle los fondos para salud, educación, transporte y jubilaciones. La estrategia del gobierno libertario es ahogar a las provincias para generarle un desgaste a los gobernadores, con ello logra meterles presión para que se sienten a negociar y acorralarlos para que firmen el Pacto de Mayo. Con ello, esperan que luego puedan mandar señales al Congreso para que se apruebe la ley ómnibus XS.
En estos días, las negociaciones entre el gobierno y los gobernadores de JxC se centraron en la ley ómnibus y el impuesto a las Ganancias, tema que queda como última carta, es un comodín valioso en la puja por recuperar terreno para las provincias. En la reunión, los libertarios insistieron con la consigna de que los trabajadores que tienen ingresos superiores a los $1,2 millones tributen el impuesto a las Ganancias con una alícuota del 3 por ciento. La propuesta fue rechazada por los diez gobernadores presentes, razón que empujó a los ministros a revisar una suba del piso de Ganancias.
Paralelamente a esas negociaciones, el ministro de economía Caputo se despachó con un nuevo tarifazo que dio de lleno en el corazón de la economía patagónica. Esta vez el trago amargo incluye los aumentos transitorios para las distribuidoras y transportadoras de gas en la región. El impacto económico es muy fuerte, puesto que la licuación del subsidio a las llamadas zonas frías redundará en aumentos que alcanzarían el 1000 por ciento. Esa apuesta del gobierno pone a todos los gobiernos patagónicos en su contra, peor aún, el tarifazo selló la unidad del bloque patagónico más allá de los posicionamientos ideológicos o los intereses que defiendan.
Para los pobladores del sur argentino será un costo difícil de sobrellevar, teniendo en cuenta que hubo fuertes aumentos en la nafta y en la electricidad. Lo paradójico es que esos recursos se producen en la misma región sureña.
En esta “guerra” los gobernadores patagónicos manifestaron su preocupación por la escalada libertaria. El santacruceño Claudio Vidal afirmó que esas medidas impactan de lleno en la población de su provincia, y agregó: “Milei está concentrado en hacer caja sin importarle lo que pasa en el interior”. Para hacer visible el descontento, Vidal junto a Alberto Weretilneck, de Río Negro, dejaron sin legisladores dos comisiones en el Senado. Cabe recordar, que sin los votos de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia junto a la rionegrina Mónica Silva, la vicepresidenta Victoria Villarruel no logra reunir los 37 votos necesarios para alcanzar el quórum en el Senado, para lograrlo debería recurrir a los legisladores de Unión por la Patria, un camino imposible.
En La Pampa se levantó otra trinchera frente a los azotes del gobierno libertario, el gobernador Sergio Zilotto ya desistió de participar en la reunión en Córdoba por el Pacto de Mayo. Enfatizó que “el mejor pacto que se puede hacer es respetar la Constitución”, que estipula claramente el envío de fondos coparticipables enmarcados por ley.
En la Cámara de Diputados el contador pampeano Ariel Rauschenberger describe las consecuencias para la provincia por el aumento de la tarifa de gas. Explica que «el DNU declara la emergencia tarifaria y faculta a la Secretaría de Energía, tanto para la luz como para el gas, a redeterminar el esquema de subsidios. Esto nos pega muy fuerte. Con un desconocimiento sobre nuestro clima, el Gobierno dice que en la Patagonia se derrocha el gas y aplica una canasta energética que licúa el subsidio. El aumento va a llegar al 1.000 por ciento”.
Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck
En Chubut, el gobernador Torres pertenece a la línea del PRO dialoguista, pero los perjuicios que le trae la falta de aportes previsionales está haciendo inviable la economía de su provincia. Avisa que si el gobierno no cede en este tema irá a la justicia. Esta respuesta contrasta con lo que había dicho al salir de la reunión con Francos, cuando había sido moderado al decir que iba a evaluar lo hablado sobre Ganancias. Eso demuestra la desconfianza que va creciendo en algunos gobernadores de Juntos por el Cambio ante los movimientos zigzagueantes y confusos del gobierno.
En ese sentido, los gobernadores de JxC avisaron que la ley ómnibus puede salir si se realizan cambios en tres áreas: el gobierno tendría que modificar Ganancias, la corrección del DNU que eliminó las partidas para las cajas jubilatorias provinciales e incluir una reforma laboral. Los gobernadores patagónicos exigen que el piso del impuesto a las ganancias sea de $3 millones, puesto que en sus provincias hay gremios como el petrolero que tienen sueldos altos.
La falta de aportes de Nación hacia las provincias obligó a los gobernadores a usar recursos propios para atender las necesidades de comedores infantiles, salarios docentes y transporte. El ajuste fiscal diseñado por el gobierno de Milei ha resentido las arcas provinciales, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires dejó de recibir un monto de $ 60 mil millones por mes, compuesto por $ 14.500 millones del Fonid y $ 40 mil millones por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que generó el litigio con la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Además, la gobernación de Kicillof dejo de percibir en marzo $4000 millones que correspondían a las cajas jubilatorias transferidas.
En todo el interior del país las cuentas provinciales están agotadas por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la quita del fondo compensador del transporte y la baja de la recaudación de impuestos por la caída del consumo. Además, la interrupción de las transferencias de las cajas previsionales aumentó severamente el rojo de las cuentas provinciales.
En este esquema centralista solo sale ganando Nación que aumenta la recaudación y reduce el gasto, a la vez que delega cada vez más responsabilidades a las gobernaciones. El dato que mejor ejemplifica esto es lo sucedido con la crisis del dengue, cuando el ministro de Salud, Mario Russo, afirmó livianamente que el gobierno “no es un supermercado para mandarles productos a las provincias”. Esas declaraciones provocaron indignación en más de un funcionario del interior. Un ministro de un gobierno provincial manifestó sus discrepancias con el gobierno: «Ahora tendremos que hacer acuerdos para que las provincias que tienen laboratorios públicos y fabrican repelentes puedan ayudar a sus vecinos».
Unos días después, el 10 de abril, el gobierno envió el borrador de la Ley Bases y del paquete fiscal a gobernadores y presidentes de bloque, una jugada para allanar el camino para la firma del Pacto de Mayo. El oficialismo espera poder aprobar ambos proyectos de ley en la Cámara de Diputados para el 24 de abril, lo que le permitiría tener un mes para su aprobación posterior en el Senado, justo antes del 25 de mayo. Para que esa estrategia funcione, el gobierno pretende “endulzar” a los gobernadores que firmen el pacto con una condecoración, la Orden de Mayo, es una distinción que se le entrega a quienes “con su esfuerzo contribuyen al progreso, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales”. Habitualmente ese galardón se otorga a personalidades destacadas del país.
Desde Nación se presiona a las provincias
Para los gobernadores más cercanos al presidente puede resultar un gesto que escondería otras intenciones, la de abroquelar un núcleo cercano de mandatarios que le puedan asegurar la firma del Pacto de Mayo. Algo que no podría seducir a aquellos gobernadores que están pasando penurias en sus arcas provinciales, salvo que detrás de esa movida libertaria se esconda alguna promesa de fondos para quienes firmen lo que les pide Milei.
El optimismo que emana el gobierno se basa en cálculos previos, estiman en el círculo íntimo de Milei que “salvo cuatro o cinco, el resto de los gobernadores nos van a acompañar”. Ese listado de funcionarios “díscolos” lo encabezan Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Sergio Zilotto. Aunque ese análisis aparece demasiado optimista, puesto que hay otras provincias que han quedado asfixiadas por las políticas de ajuste de la Nación. En realidad, a quién le puede interesar una condecoración cuando tu gente está pasando hambre y penurias económicas. Los gobernadores que firmen ese pacto sin cuidar las necesidades de sus conciudadanos estarían sencillamente traicionando los valores federales y defraudando a quienes les confiaron la dirección de la provincia con su voto.
Los gobernadores tienen ante sí la gran responsabilidad de ponerle un freno al caballo desbocado, hoy la sociedad los mira como la última esperanza de ofrecer un contrapeso de poder frente a las medidas de gobierno que no contemplan las necesidades reales de la poblaciones del interior del país.
Desde la Patagonia corren vientos de resistencia, nace un bloque que se abroquela frente a los constantes atropellos del gobierno nacional. Es un espejo donde mirarse para romper con la instauración de la cultura del castigo que quiere imponer el presidente. Los libertarios creen que el enojo social con los anteriores gobiernos les da margen para avasallar a todas las estructuras del Estado, convertido en su mirada como el monstruo a demoler para que lleguen los supuestos beneficios.
En esa dinámica de quitar todo lo que antes ordenaba la convivencia social no consideran al prójimo, porque en la lógica del libre mercado solo hay consumidores, no personas. Lo más cruel de todo ese juego perverso es que el castigo a las provincias provoca hambre y miseria en la población. Y el hambre no espera, cuando las víctimas de este sistema anarcocapitalista cambien la paciencia por la desesperación, no habrá más tiempo para experimentos ni pactos de Mayo.
La puja por límites está en manos de los gobernadores, tienen la obligación patriótica de defender sus economías locales. Es una mochila pesada, pero hay que tener el valor de cargarla y enfrentarse a quienes desprecian la justicia social.
Es un tiempo aciago, pero es preciso contrarrestar la idea que pretenden instalar los libertarios que el Estado es el mal de todas nuestras penurias. El Estado ha sido en todas partes del mundo un articulador de los vínculos y lazos sociales, un instrumento de contralor y contrapeso de los excesos que puede cometer el mercado. La política se debe poner de pie para hacerle frente a los propagadores de la lucha antisistema, es tiempo de despertar para no permitir que los influencers reemplacen a los intelectuales y analistas políticos, para evitar que los outsiders ocupen los lugares de los políticos, para que el relato inexacto de Tik Tok no ensombrezca la buena retórica que se esgrime con argumentos desde el diálogo político.
Queda una esperanza, que los gobernadores se planten firmes para defender la calidad de vida de su población. Fuerza, el pueblo querrá acompañarlos.
Walter Calabrese / Analista Político
Notas
(1) Haime, Hugo (29 marzo 2024) “Solo los gobernadores pueden poner límites”, en Diario Perfil. Recuperado enhttps://www.perfil.com/noticias/columnistas/solo-los-gobernadores-pueden-poner-limites-por-hugo-haime.phtml
La nota fue publicada originalmente el 12 de abril en el portal de noticias La Sexta del Sur
